Respuesta critica a la columna “A
toda marcha” del Diputado de RD Miguel Crispi
Las
políticas económicas y sociales aplicadas en Chile y los parámetros que rigen
las relaciones laborales desde 1990 a la fecha, se caracterizan por la
desregulación progresiva del mercado; esto vale para todos los gobiernos, de
Aylwin, Frei, Lagos y Piñera, cuya tarea consistió en una actualización del
neoliberalismo instaurado en Dictadura. Del mismo modo, las reformas
supuestamente progresistas aplicadas en los gobiernos de Bachelet no buscaban
un cambio estructural sino un saneamiento de los elementos resquebrajados del
modelo y la contención de los movimientos sociales, ambos con el objetivo de
conservar la gobernabilidad.
A
diferencia de los proyectos de la Concertación/Nueva Mayoría, una reforma
profunda conlleva el cuestionamiento de los principios que inspiran la
construcción del neoliberalismo, un nuevo tipo de políticas sociales para Chile
y modificar sustantivamente las prioridades y objetivos de los poderes del
Estado.
Un
giro de esta envergadura no sólo implica el actuar del Gobierno, sino de toda
la sociedad. Por lo que es una tarea prioritaria asumir la defensa y promover
el protagonismo de las clases populares frente a la trama que articula a la
casta política, coludida con los grandes empresarios, los medios de
comunicación y (como ha quedado en evidencia estos últimos días) las fuerzas
armadas.
Podrá
argumentarse que Chile ha vivido un inédito proceso de modernización. Sin
embargo, esto se ha logrado bajo un alto costo social y cultural, siendo el
endeudamiento y el consumismo las principales formas de sociabilizar el modelo.
Aspectos sensibles para el bienestar de la ciudadanía se encuentran
desgastados, ya sea la educación, la salud, la vivienda, el empleo, las
jubilaciones, o los vínculos sociales, la democracia y la seguridad entendida
como la capacidad de ser protagonista de la propia vida y tener un proyecto de
futuro.
Por
ejemplo, es indudable que la precariedad laboral, el excesivo horario de
trabajo, los bajos sueldos y la nula capacidad de ahorro, han deteriorado
enormemente la calidad de vida de chilenas y chilenos, quienes asisten cada día
más a la degradación sistemática de sus condiciones de vida y de trabajo.
Y
es que en Chile existe un enorme déficit de soberanía y democracia. Soberanía
tanto de la nación, que sigue siendo dependiente de la explotación de los
bienes naturales y de las alianzas internacionales comandadas por los intereses
de Estados Unidos, así como soberanía de las propias personas y comunidades
(especialmente las indígenas), absorbidas por un modo de vida y por
instituciones que no permiten tomar en sus propias manos las decisiones. Y
déficit democrático, tanto porque en Chile pareciera ser que quienes toman las
decisiones más significativas son aquellos que no han sido electos por nadie
−los Luksic, Paulmann, Saieh, Matte, Solari y Angelini−, y porque es indudable
que, cuando no se trata de corrupción, existe una colusión entre la casta
política y los grandes empresarios.
Tanto
la desregulación del mercado, la depreciación de la calidad de vida y los vínculos
sociales, como el déficit de soberanía y democracia, han generado un movimiento
de búsqueda de protección y seguridad, ya sea en dirección hacia un horizonte
progresista y democratizador como los que representan los movimientos sociales
y el Frente Amplio, o involución hacia una sociedad reaccionaria y
conservadora, como la expresada por el Movimiento Social Patriota, el encuentro
Kast–Bolsonaro y algunas comunidades evangélicas cada día más masivas.
La
izquierda, por su lado, no ha estado contribuyendo lo suficiente a que la
orientación que se esté tomando sea la progresista y democratizadora. Los
partidos políticos de la otrora Nueva Mayoría insisten en planes elitistas de
administración del neoliberalismo, con lo que sólo aumentarán aún más las
frustraciones y rabia de la gente.
Ese
desprecio a las mayorías sociales y elitismo, también ha contagiado a una
izquierda autodenominada “transformadora”, que por muchos años prefirió
mantener prístinas sus ideas y convicciones a cambio de la marginalidad,
testimonialidad e ineficiencia política.
No
obstante, tras las enormes limitaciones que encontraron los movimientos
sociales para construir una alternativa al modelo, el surgimiento del Frente
Amplio se presenta como un complemento político e institucional necesario.
Frente Amplio y movimientos sociales (sindicales, estudiantil, socioambiental,
feminista, mapuche, territoriales) son indisociables si lo que se busca es la
creación de una plataforma programática contra el neoliberalismo en todos sus aspectos:
económicos, culturales y políticos.
Para
esto, el Frente Amplio debe apelar a una extensa coalición social, entre clases
populares y estratos medios, lo que implica, ciertamente, una articulación
compleja y contradictoria.
Es
cierto: el Frente Amplio puede tener un proyecto contradictorio, vinculando a
sectores tan disímiles como el Partido Igualdad y el Partido Liberal; con un
bloque social con relaciones complejas, como el existente entre las clases
populares endeudas y el estrato medio de profesionales, algunos también
endeudados, otros privilegiados. Pero esta diversidad no sólo es parte del
desafío de asumir la responsabilidad contra los proyectos reaccionarios y
conservadores que hoy emergen, sino también una potencialidad inédita.
El
Frente Amplio debe contribuir a una gran alianza político-social que encause la
rabia y frustraciones acumuladas por la gestión neoliberal, hacia un nuevo
proyecto antineoliberal de mayorías.
En
definitiva, puede que sea cierto que el Frente Amplio es un espacio en disputa,
pero si lo es, se trata de una disputa secundaria ante la verdadera contienda:
acabar con el neoliberalismo en Chile y construir una alternativa de mayor
vocación social y popular.
Es
verdad que de nada sirven los esquematismos de intelectuales orgánicos,
alejados de las condiciones reales de vida de las personas y empeñados en
conducir el debate político hacia quién es más de izquierda o no. Pero tampoco
son útiles las descalificaciones o el desprecio de compañeras y compañeros de
ruta que todos estos años han combatido el sentido común dominante, manteniendo
la voluntad y espíritu de lucha. Asimismo, tampoco sirven las interpretaciones
retoricas de los procesos como el de un supuesto “pragmatismo popular”.
Es
fundamental ser pragmáticos en cuanto a las tácticas, pero cuando se trata de
estrategia, el pragmatismo ha sido el estandarte elitista de la
Concertación/Nueva Mayoría. En cambio, lo que el Frente Amplio debe impulsar es
la movilización social para exigir más derechos, democracia y servicios
sociales, la mejora de las condiciones de vida y defender la soberanía de las
personas y comunidades; exigir protección, seguridad y futuro para las clases
trabajadoras, que, como expresa la tragedia de Quintero y Puchuncaví, está
expuesta a la fragilidad ante la monstruosidad de los intereses de la trama
entre políticos y grandes empresarios.
La
alternativa real no es el “pragmatismo popular”, sino un proyecto claro que
articule soberanía popular y democracia, para hacer frente y extirpar el modelo
neoliberal; un proyecto y un programa que defienda a las personas, familias y
comunidades contra el capital y el mercado desregulado, que profundice los
derechos y vínculos sociales y haga a la gente protagonista de su propia vida.
Publicado en Revista De Frente
http://revistadefrente.cl/respuesta-a-miguel-crispi-una-nueva-politica-de-mayorias/
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